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El Ateneo Republicano de Zaragoza (ARZ), como miembro de PAMA (Plataforma de Asociaciones Memorialistas Aragonesas), se adhiere al siguiente comunicado y llama a participar en la consiguiente convocatoria:

COMUNICADO DE PAMA SOBRE EL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE SUSPENDE LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DEL DICTADOR.

Ante el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que ha suspendido por Auto de 4 junio de 2019, con carácter cautelar, el Acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación de los restos del dictador; desde esta Plataforma, repudiamos con todas nuestras fuerzas esta decisión que confirma la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron desde el golpe de estado de 1936 por parte de los golpistas del dictador Franco, hasta la actualidad.

Según miembros de la propia magistratura (Juezas y jueces para la democracia), la decisión es insólita por la argumentación que desarrolla porque afirma, sin ofrecer explicación alguna, que si se estimase la demanda y se anulase el acuerdo del Gobierno para la exhumación y esta se hubiera realizado, aunque no fuese materialmente irreversible, sería perjudicial para la familia y para el interés público, incluso señala que habría coincidencia entre estos intereses. Algo incomprensible. Los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público. El Valle de los Caídos es una construcción ejecutada por presos políticos mediante trabajos forzados, que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador y de la dictadura, y de olvido y desmemoria de sus crímenes. Donde sólo figuran su nombre y el de un jefe fascista. Los restos de miles de víctimas de la represión son anónimos y fueron allí llevados sin contar con la voluntad de sus familiares.

Y viene el remate final del Auto: el perjuicio irreparable lo es no tanto para sus familiares, cuanto para el Estado (constitucional), habida cuenta de que Franco fue «Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento». Debido a esta condición, el caso adopta unos «rasgos especiales que no se pueden ignorar». En suma, que la decisión se adopta en beneficio del interés general encarnado en el Estado.

De esta valoración del TS pueden deducirse dos conclusiones: la primera, el desconocimiento de la historia por parte de los integrantes de la Sala. Creemos que no es necesario extenderse en la falsedad histórica que supone calificar a Franco de jefe del Estado desde octubre de 1936, obviando la figura del legítimo Jefe del estado en ese momento, Manuel Azaña para otorgarle ese cargo a un militar golpista. Y la segunda, la equiparación que el Tribunal viene a hacer entre dictadura y democracia, al dar continuidad y validez –hasta el punto de servir de soporte argumental a la decisión final– a los efectos producidos por un golpe de Estado contra el régimen constitucional republicano. Si la primera es mala, la segunda es sin duda mucho peor en términos democráticos y constitucionales.
En conclusión, nos encontramos ante una decisión ideológica en el peor sentido del término. Una decisión adoptada no según criterios jurídicos, como debería hacer un tribunal de justicia, sino en función de las creencias de los magistrados integrantes del mismo. Muestra de este carácter ideológico del auto es que se signifique a Franco -al que en ningún momento del auto se le califica de dictador- como jefe del Estado desde 1936, asumiendo así la legalidad y legitimidad del golpe de Estado del 18 de julio de ese año. Por todo ello, y porque entendemos insultante, vergonzosa e impropia de un país que se dice a si mismo “democrático” la resolución del Tribunal Supremo solicitamos la adhesión de cuantas organizaciones lo deseen a este comunicado y convocamos una concentración en Zaragoza el próximo miércoles 12 de junio a las 8 de la tarde en la Plaza España de Zaragoza.

Aragón, 6 de Junio de 2019.

COMUNICADO DE PAMA SOBRE EL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE SUSPENDE LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DEL DICTADOR.

Ante el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que ha suspendido por Auto de 4 junio de 2019, con carácter cautelar, el Acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación de los restos del dictador; desde esta Plataforma, repudiamos con todas nuestras fuerzas esta decisión que confirma la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron desde el golpe de estado de 1936 por parte de los golpistas del dictador Franco, hasta la actualidad.

Según miembros de la propia magistratura (Juezas y jueces para la democracia), la decisión es insólita por la argumentación que desarrolla porque afirma, sin ofrecer explicación alguna, que si se estimase la demanda y se anulase el acuerdo del Gobierno para la exhumación y esta se hubiera realizado, aunque no fuese materialmente irreversible, sería perjudicial para la familia y para el interés público, incluso señala que habría coincidencia entre estos intereses. Algo incomprensible. Los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público. El Valle de los Caídos es una construcción ejecutada por presos políticos mediante trabajos forzados, que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador y de la dictadura, y de olvido y desmemoria de sus crímenes. Donde sólo figuran su nombre y el de un jefe fascista. Los restos de miles de víctimas de la represión son anónimos y fueron allí llevados sin contar con la voluntad de sus familiares.

Y viene el remate final del Auto: el perjuicio irreparable lo es no tanto para sus familiares, cuanto para el Estado (constitucional), habida cuenta de que Franco fue «Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento». Debido a esta condición, el caso adopta unos «rasgos especiales que no se pueden ignorar». En suma, que la decisión se adopta en beneficio del interés general encarnado en el Estado.

De esta valoración del TS pueden deducirse dos conclusiones: la primera, el desconocimiento de la historia por parte de los integrantes de la Sala. Creemos que no es necesario extenderse en la falsedad histórica que supone calificar a Franco de jefe del Estado desde octubre de 1936, obviando la figura del legítimo Jefe del estado en ese momento, Manuel Azaña para otorgarle ese cargo a un militar golpista. Y la segunda, la equiparación que el Tribunal viene a hacer entre dictadura y democracia, al dar continuidad y validez –hasta el punto de servir de soporte argumental a la decisión final– a los efectos producidos por un golpe de Estado contra el régimen constitucional republicano. Si la primera es mala, la segunda es sin duda mucho peor en términos democráticos y constitucionales.
En conclusión, nos encontramos ante una decisión ideológica en el peor sentido del término. Una decisión adoptada no según criterios jurídicos, como debería hacer un tribunal de justicia, sino en función de las creencias de los magistrados integrantes del mismo. Muestra de este carácter ideológico del auto es que se signifique a Franco -al que en ningún momento del auto se le califica de dictador- como jefe del Estado desde 1936, asumiendo así la legalidad y legitimidad del golpe de Estado del 18 de julio de ese año. Por todo ello, y porque entendemos insultante, vergonzosa e impropia de un país que se dice a si mismo “democrático” la resolución del Tribunal Supremo solicitamos la adhesión de cuantas organizaciones lo deseen a este comunicado y convocamos una concentración en Zaragoza el próximo miércoles 12 de junio a las 8 de la tarde en la Plaza España de Zaragoza.

Aragón, 6 de Junio de 2019.